Acuerdos por abuso de guardias penitenciarios
Estados Unidos tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo y, a diferencia de otras democracias, no cuenta con una autoridad independiente que supervise las condiciones en los centros penitenciarios ni que haga cumplir estándares mínimos de salud y seguridad. Como consecuencia, no es raro que personas privadas de la libertad sufran abusos por parte de guardias y oficiales correccionales en distintas instituciones del país. Es importante recordar que las personas privadas de la libertad conservan sus derechos civiles y, en muchos casos, pueden presentar demandas para solicitar una compensación y exigir responsabilidades tanto a los guardias involucrados como a los administradores de los centros penitenciarios.
Si usted o un ser querido ha sufrido abuso por parte de un guardia penitenciario en cualquier lugar de Estados Unidos, existen derechos y opciones legales para buscar justicia. En Police Brutality Center ponemos a su disposición recursos, orientación y conexiones legales para apoyar a las familias que buscan justicia tras haber sido víctimas de abusos dentro del sistema de justicia penal.
Los abogados que trabajan con Police Brutality Center podrían ayudarle.
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Última actualización del contenido: 27 febrero 2026
- En todo Estados Unidos, miles de personas privadas de la libertad se encuentran en condiciones que amenazan su salud, seguridad y derechos civiles.
- Muchas personas privadas de la libertad aceptan el abuso de guardias como una parte normal del encarcelamiento, pero dicho abuso constituye una violación ilegal de sus derechos civiles.
- Las personas privadas de la libertad y detenidas que han sufrido abuso por parte de guardias penitenciarios tienen derechos y opciones legales para buscar justicia.
- Si usted o un ser querido ha experimentado abuso por parte de un guardia penitenciario, Police Brutality Center puede ponerlo en contacto con un abogado con experiencia de abuso en prisión para asesorarle sobre sus derechos y opciones para buscar justicia y compensación.
Comprender el abuso por parte de guardias penitenciarios
El abuso por parte de guardias penitenciarios no es un problema aislado de una sola prisión o de un estado en particular, sino una situación sistémica en Estados Unidos. Esta problemática se ve agravada por la falta de supervisión independiente, la tendencia a desacreditar a las víctimas y las amplias protecciones legales de las que gozan muchos oficiales correccionales. El abuso puede adoptar distintas formas, como agresiones físicas, conducta sexual indebida y negligencia, incluido el uso prolongado del aislamiento con fines punitivos o el confinamiento solitario.
Con frecuencia, las prácticas empleadas por algunos guardias causan más perjuicio que beneficio, especialmente entre las poblaciones más vulnerables dentro del sistema penitenciario. Esto propicia que las personas privadas de la libertad enfrenten abuso físico y psicológico de manera recurrente. Estas condiciones representan riesgos graves para su salud, su seguridad y sus derechos, y a menudo generan sufrimiento innecesario y traumas duraderos que perpetúan el ciclo del encarcelamiento.
A esto se suman los recientes recortes de fondos al Centro de Recursos de la Ley para la Eliminación de la Violación en Prisiones (National Prison Rape Elimination Act Resource Center), que reducen aún más los recursos destinados a prevenir y erradicar el abuso sexual en el sistema penitenciario de Estados Unidos, incrementando el riesgo para las personas privadas de la libertad.
Acuerdos notables por abuso de guardias penitenciarios
- FCI Dublin, California: acuerdo por $116 millones para más de 100 mujeres sometidas a abuso sexual por parte del personal penitenciario.
- Caso de Matthew Raymond: acuerdo por $1.2 millones para un hombre que fue violentamente agredido por guardias penitenciarios en Nueva York.
- Caso de Jason Echevarria: acuerdo por $3.8 millones después de que una persona encarcelada muriera debido a negligencia en Rikers Island.
- Caso de Jerome Murdough: acuerdo por $2.25 millones tras la muerte de una persona encarcelada por sobrecalentamiento en una celda de Rikers Island.
- Caso de Bradley Ballard: acuerdo por $5.75 millones después de que una persona encarcelada con enfermedad mental muriera por negligencia en Rikers Island.
- Souza Baranowski Correctional Center, Massachusetts: acuerdo por $6.75 millones por un incidente ocurrido en 2020 en el que oficiales correccionales tomaron represalias contra personas privadas de la libertad.
Factores que influyen en los montos de los acuerdos
Los montos de los acuerdos en demandas por abuso de guardias penitenciarios pueden variar según varios factores, incluido el tipo y la gravedad del abuso, la solidez de la evidencia disponible y los daños sufridos por la víctima. Las demandas contra prisiones, sistemas penitenciarios o entidades gubernamentales generalmente resultan en acuerdos más altos que las demandas contra guardias individuales.
Derechos legales y recursos
La Octava Enmienda prohíbe el castigo cruel e inusual y protege a las personas privadas de la libertad en todo el país. Cuando los guardias penitenciarios utilizan fuerza excesiva o aislamiento injustificado como castigo, pueden violar los derechos garantizados por la Octava Enmienda. La Corte Suprema de Estados Unidos ha dictaminado que las personas privadas de la libertad conservan ciertos derechos fundamentales, incluso durante su reclusión.
Una vía legal clave para las víctimas de abuso por parte de guardias penitenciarios es la Sección 1983 de la Ley de Derechos Civiles de 1871. Esta ley permite que quienes hayan sufrido violaciones de sus derechos demanden a los oficiales correccionales, departamentos de policía o jurisdicciones responsables. Las demandas bajo la Sección 1983 buscan compensar a las víctimas de abuso y exigir responsabilidad a los oficiales por sus actos.
Sin embargo, en muchos casos, la doctrina de inmunidad calificada protege a los agentes del orden individuales frente a reclamaciones bajo la Sección 1983, a menos que su conducta haya violado derechos estatutarios o constitucionales claramente establecidos.
Buscar un acuerdo
Cuando usted trabaja con un abogado de derechos civiles, este realiza una investigación detallada para identificar y reunir todas las pruebas disponibles con el objetivo de fortalecer su caso. Posteriormente, presentará una demanda contra las personas responsables del abuso y contra las instituciones que lo permitieron, y se encargará de negociar un posible acuerdo.
No existe garantía de que el caso se resuelva mediante un acuerdo ni de cuál sería el monto, pero contar con un abogado con experiencia incrementa significativamente sus probabilidades de éxito en una demanda por abuso de guardias penitenciarios.
Es importante tener en cuenta que existen plazos legales para presentar este tipo de demandas, y estos varían según el estado y el tipo de institución involucrada. Cuando la demanda es contra una instalación administrada por la Oficina Federal de Prisiones (Federal Bureau of Prisons), las víctimas deben presentar una notificación dentro de los dos años posteriores al incidente antes de interponer la demanda formal. En el caso de instalaciones administradas por ciudades, condados o estados, el plazo para presentar la reclamación puede oscilar entre 90 días y un año y 90 días.
Contacte con un abogado experto
Police Brutality Center se enorgullece de colaborar con Alex Straus, presidente del Departamento de Derechos Civiles en Milberg LLC, para ayudar a las víctimas de abusos de derechos civiles. A lo largo de su carrera, el Sr. Straus ha representado a clientes en todo el país en casos relacionados con mala conducta policial, discriminación racial y abuso en centros correccionales.
Preguntas frecuentes
Cuando los municipios o entidades gubernamentales llegan a acuerdos con víctimas de abuso por parte de guardias penitenciarios, la carga recae sobre los contribuyentes. En Alabama, el Departamento del Sistema Penitenciario (Department of Corrections) ha gastado casi $40 millones desde 2020 en representación legal para defenderse de demandas colectivas, todo con dinero de los contribuyentes. Los honorarios legales y los acuerdos en demandas contra oficiales correccionales y administradores penitenciarios han costado a los contribuyentes otros $17 millones.
Muchos acuerdos por abuso de guardias penitenciarios alcanzan cifras de millones de dólares. En 2022, tres personas privadas de la libertad presentaron una demanda alegando que un guardia penitenciario las agredió sexualmente en una instalación federal en Nueva York. Además del oficial correccional, la demanda nombró al gobierno federal como demandado por no haber tomado medidas frente al abuso. El caso se resolvió por $3 millones, lo que lo convierte en uno de los acuerdos más grandes por agresión sexual contra personas privadas de la libertad jamás otorgados contra la Oficina Federal de Prisiones.
El alto costo de los acuerdos por abuso de guardias penitenciarios para los estados y los contribuyentes ha impulsado reformas penitenciarias y policiales a nivel estatal y nacional. En mayo de 2025, Massachusetts acordó un acuerdo por $7 millones y reformas significativas debido a presuntas represalias de guardias en una prisión. Según ese acuerdo, 150 personas privadas de la libertad recibirán $5.75 millones, y el estado exigirá que los guardias usen cámaras corporales, implementará capacitación sobre prejuicio racial, establecerá límites al uso de unidades K-9 y aumentará la supervisión.